En el pasado pleno ordinario fue rechazada la propuesta de llevar a cabo una comisión de investigación sobre el “Caso Furgoneta” con los votos en contra de PP, Cs y VOX. Un rechazo que sorprendió tanto por la opacidad mostrada por el gobierno de Beardo, lo cual solo hace aumentar las sospechas, como por la complicidad de VOX en este asunto. A pesar del bloqueo del gobierno, y sus aliados de VOX, desde Unión Portuense hemos continuado con nuestra investigación. Por ello, en un ejercicio de transparencia queremos comunicar la información oficial que hemos recabado a través de un informe solicitado al Intendente Mayor Jefe de la Policía Local, el cual evidencia nuevamente las mentiras de Beardo: - El grupo de apoyo donde se encuentran estos dos policías fue a petición de Beardo y el propio Jefe de policía mostro su rechazo a la creación del llamado Grupo de Apoyo. - El grupo de apoyo tiene entre sus funciones la de ‘ESCOLTA’ del alcalde u otras autoridades, cuestión que el gobierno negó en prensa y en el pleno. - Otra de sus funciones es la conducción de vehículos OFICIALES, el gobierno negó que fuese un vehículo oficial. - La tarjeta de autorización de la Transit está firmada por la concejala Marina Peris, lo cual también negó. Sabemos que el incidente con el escolta esta judicializado y que por parte del Ayuntamiento se le han abierto dos expedientes al agente implicado por presuntamente conducir embriagado e infringir las normas que regulan el empleo de armas. También sabíamos que el vehículo está registrado a nombre de una empresa de renting de vehículos denominada Servicio Coches de Lujo de Alava S.L. pero gracias a nuestro trabajo de investigación hemos certificado que pertenece al Grupo INTERBUS al cual curiosamente también pertenece DAMAS SA, concesionaria municipal que ofrece el servicio de autobuses a nuestro Ayuntamiento desde el año 2011, en estos momentos en precario ante la falta de contrato desde hace más de 2 años. Servicio gestionado por el área de Medio Ambiente cuyo jefe de servicio es Antonio Caraballo, asesor del alcalde, y que ya fue condenando en el pasado por malversación de fondos públicos. Se estrecha el cerco, pero seguimos sin tener respuesta a la gran pregunta, ¿quién y por qué paga el alquiler de la furgoneta? ¿Lo paga el Partido Popular como dice el entorno del PP? Y si es así, ¿por qué no acaban con la polémica y las sospechas reconociéndolo y enseñando una factura? Se nos ocurren dos teorías para tanta opacidad: 1. Que la furgoneta SÍ la pague el propio Partido Popular, pero al ser usada por diversos usuarios ajenos al partido esto avergüence a Germán y teman posibles consecuencias dentro del partido. Una teoría un poco vaga. 2. La más grave y verosímil sería que no la pague nadie y sea una cesión temporal gratuita, lo que levantaría las sospechas sobre un presunto delito de cohecho. El portavoz municipal de Unión Portuense, Javier Botella, concluye: “Continuaremos con la investigación y de no recibir una respuesta concisa y contundente por parte del gobierno ante las sospechas levantadas, tomaremos la vía judicial”.

Unión Portuense avanza en la investigación por el “Caso Furgoneta” con importantes novedades

En el pasado pleno ordinario fue rechazada la propuesta de llevar a cabo una comisión de investigación sobre el “Caso Furgoneta” con los votos en contra de PP, Cs y VOX. Un rechazo que sorprendió tanto por la opacidad mostrada por el gobierno de Beardo, lo cual solo hace aumentar las sospechas, como por la complicidad de VOX en este asunto.

A pesar del bloqueo del gobierno, y sus aliados de VOX, desde Unión Portuense hemos continuado con nuestra investigación. Por ello, en un ejercicio de transparencia queremos comunicar la información oficial que hemos recabado a través de un informe solicitado al Intendente Mayor Jefe de la Policía Local, el cual evidencia nuevamente las mentiras de Beardo:

  • El grupo de apoyo donde se encuentran estos dos policías fue a petición de Beardo y el propio Jefe de policía mostró su rechazo a la creación del llamado Grupo de Apoyo.
  • El grupo de apoyo tiene entre sus funciones la de ‘ESCOLTA’ del alcalde u otras autoridades, cuestión que el gobierno negó en prensa y en el pleno.
  • Otra de sus funciones es la conducción de vehículos OFICIALES, el gobierno negó que fuese un vehículo oficial.
  • La tarjeta de autorización de la Transit está firmada por la concejala Marina Peris, lo cual también negó.

Sabemos que el incidente con el escolta esta judicializado y que por parte del Ayuntamiento se le han abierto dos expedientes al agente implicado por presuntamente conducir embriagado e infringir las normas que regulan el empleo de armas.

También sabíamos que el vehículo está registrado a nombre de una empresa de renting de vehículos denominada Servicio Coches de Lujo de Alava S.L. pero gracias a nuestro trabajo de investigación hemos certificado que pertenece al Grupo INTERBUS al cual curiosamente también pertenece DAMAS SA, concesionaria municipal que ofrece el servicio de autobuses a nuestro Ayuntamiento desde el año 2011, en estos momentos en precario ante la falta de contrato desde hace más de 2 años. Servicio gestionado por el área de Medio Ambiente cuyo jefe de servicio es Antonio Caraballo, asesor del alcalde, y que ya fue condenado en el pasado por malversación de fondos públicos.

Se estrecha el cerco, pero seguimos sin tener respuesta a la gran pregunta, ¿quién y por qué paga el alquiler de la furgoneta? ¿Lo paga el Partido Popular como dice el entorno del PP? Y si es así, ¿por qué no acaban con la polémica y las sospechas reconociéndolo y enseñando una factura?

Se nos ocurren dos teorías para tanta opacidad:

  1. Que la furgoneta SÍ la pague el propio Partido Popular, pero al ser usada por diversos usuarios ajenos al partido esto avergüence a Germán y teman posibles consecuencias dentro del partido. Una teoría un poco vaga.
  2. La más grave y verosímil sería que no la pague nadie y sea una cesión temporal gratuita, lo que levantaría las sospechas sobre un presunto delito de cohecho.

El portavoz municipal de Unión Portuense, Javier Botella, concluye: “Continuaremos con la investigación y de no recibir una respuesta concisa y contundente por parte del gobierno ante las sospechas levantadas, tomaremos la vía judicial”.

 

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