El Puerto de Santa María, 16 de abril de 2025

El Grupo Municipal Unión Portuense ha presentado un Recurso Potestativo de Reposición contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 27 de marzo de 2025, mediante el cual se nombró a Antonio Caraballo Crespo como Coordinador General del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María.

Según se recoge en el recurso, dicho nombramiento vulnera el ordenamiento jurídico vigente, al otorgar un puesto directivo a una persona que no cumple con los requisitos exigidos por ley, entre ellos la titulación universitaria de nivel A1 (Doctorado, Licenciatura, Ingeniería o Arquitectura), condición indispensable para acceder al cargo de Coordinador General.

El recurso, presentado por Javier Botella, concejal portavoz de Unión Portuense, argumenta que la designación de Caraballo Crespo infringe no solo la legislación básica del Estado (Ley 39/2015 y el EBEP), sino también la Ley 5/2023 de Función Pública de Andalucía y el propio Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración Municipal (ROGAM) aprobado por el Ayuntamiento el pasado mes de septiembre. Este reglamento establece con claridad los requisitos para ostentar puestos directivos, entre ellos el de Coordinador General, al que solo pueden optar quienes posean titulación universitaria del subgrupo A1.

Tras haber sido cesado de su anterior cargo como Jefe de Servicio del Área de Medio Ambiente —donde sí tenía consolidado el subgrupo profesional—, Antonio Caraballo ya no mantiene vinculación que justifique su acceso a un cargo para el que no tiene la titulación exigida. El acuerdo aprobado por la Junta de Gobierno Local sería, por tanto, nulo de pleno derecho, al suponer la adquisición de facultades sin los requisitos esenciales, tal y como establece el artículo 47 de la Ley 39/2015.

Desde Unión Portuense denunciamos lo que consideramos un nuevo caso de trato de favor y designación a dedo, saltándose los principios de mérito y capacidad que deben regir toda administración pública. Este nombramiento, a todas luces político y arbitrario, consolida una preocupante tendencia del gobierno de Germán Beardo a blindar su círculo más cercano.

«No vamos a permitir que se convierta el Ayuntamiento en una agencia de colocación de afines sin formación ni trayectoria adecuada para los puestos que ocupan», ha declarado Javier Botella, portavoz de Unión Portuense. «Exigimos la inmediata anulación del nombramiento y una nueva convocatoria pública ajustada a ley».