La medida busca por un lado, la solución a ciertos casos que se ven afectados por la negativa del empadronamiento, y por otro, proteger al personal técnico con un protocolo estandarizado e inequívoco.

Tras recibir algunas quejas de usuarios o asociaciones que advierten que algunos ciudadanos en circunstancias especiales no han podido empadronarse, Unión Portuense abordará la necesidad de revisar y modificar el protocolo de empadronamiento para la ciudadanía que reside en El Puerto de Santa María. Cuando se habla de circunstancias especiales se hace referencia al sinhogarismo, la infravivienda (chabolas, caravanas, etc…) o supuestos de especial protección.

Con el alta en el padrón, los ciudadanos y ciudadanas pueden ejercer su derecho al voto, usar determinados servicios municipales, realizar determinados trámites administrativos o servir como instrumento al Instituto Nacional de Estadística para conocer el número de habitantes, entre otras cuestiones.

Tanto la resolución de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística, las recomendaciones del Parlamento Europeo, la Carta Social Europea, así como de la ley del Ingreso Mínimo Vital reconocen el acceso de estas personas a dicho deber y derecho.

Sin embargo, tras algunas reclamaciones tanto de ciudadanos como de asociaciones en casos donde no se ha visto un criterio claro, Unión Portuense solicitará en el próximo pleno ordinario de julio al gobierno que revise el protocolo, si lo hubiere, y mejore la comunicación entre las áreas implicadas con indicaciones claras con las pautas a seguir.

En palabras de Paco Belaustegui: «A parte de ayudar a las personas más vulnerables, la moción no trata de poner en entredicho la labor del personal técnico encargado de realizar el empadronamiento, al contrario, buscamos su protección implantando un protocolo o criterio estandarizado que no de pie a distintas interpretaciones y resultados».