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En el pasado pleno ordinario, el gobierno de Germán Beardo volvió a demostrar su nula capacidad de gestión pero sobre todo su negativa a la negociación de los asuntos de gran calado para nuestra ciudad. En esta ocasión, fue el Concejal de Medio Ambiente, Millán Alegre, quien defendió la última cacicada de este gobierno, anunciando que el contrato de Parques y Jardines se aprobará en Junta de Gobierno Local, en vez de acudir al órgano legítimo y soberano, el Pleno del Ayuntamiento, siendo así el tercer contrato que pretenden aprobar por este método junto al servicio urbano de Autobuses y el contrato de Mantenimiento Urbano.

De esta forma, el gobierno de Beardo, tras 21 meses sin presupuestos y de contratos prorrogados, volverá a incumplir una de sus grandes promesas electorales: la reformulación y mejora de los grandes contratos. Desde Unión Portuense consideramos que el alcalde se burla de los portuenses y ningunea a los partidos de la oposición acusándolos de bloqueo, cuando la realidad es que, desde la oposición, se le han aprobado la mayoría de expedientes presentados. Para Unión Portuense, el alcalde busca un aislamiento voluntario, algo que solo puede entenderse desde la soberbia de un gobierno que olvida que se encuentra en minoría.

Aprobar los pliegos de un contrato en Junta de Gobierno sin pasar por el Pleno es posible debido a la reducción total de las cuantías. Pero es necesario saber que, al bajar las cuantías económicas, también se reduce su duración, bajan las condiciones del contrato y empeora así el servicio ofrecido. Menor capacidad para hacer inversiones, menor tiempo para amortizarlas, menos ofertas y, por lo tanto, una menor concurrencia competitiva, vulnerando por completo los principios constitucionales de eficacia y eficiencia en la administración pública y el control, que le corresponde al Pleno donde están representados todos los portuenses.

Javier Botella, portavoz de Unión Portuense, comenta al respecto: “La estrategia de Beardo para aprobar los grandes contratos por la puerta de atrás es forzar los límites jurídicos de la Ley de Contratos del Sector Público, quebrantando flagrantemente el verdadero espíritu de la ley, que es fomentar tanto la transparencia como la lucha contra el fraude y la corrupción. Botella continua: “No solo es otra promesa incumplida de Beardo, podríamos estar hablando de un presunto fraude de ley, ya que lo lógico sería que las cuantías económicas se adaptasen a los tiempos que requiera el servicio y no al revés, como hace el gobierno de Beardo deliberadamente para no tener que pasar por el Pleno”.

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