Francisco Belaustegui: “No podemos permitir que las trabajadoras del SAD sufran incumplimientos que afectan a su salario y a la calidad del servicio”

El grupo municipal Unión Portuense llevó al Pleno ordinario de septiembre una moción dirigida a exigir al Gobierno local la adopción de medidas inmediatas ante los incumplimientos detectados en el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD).

En 2024 se firmó un contrato bianual por valor de casi 5,4 millones de euros con la empresa Óbolo que venía a aportar mejoras. Sin embargo, la realidad que trasladaron a Unión Portuense trabajadoras del SAD reflejó un escenario muy distinto, con incidencias graves en el cumplimiento de las obligaciones laborales y de calidad del servicio.

El principal incumplimiento se produjo primero en el mes de julio, cuando un 15% de las trabajadoras no recibieron su nómina en tiempo y forma, situación que no fue enmendada hasta pasada la mitad de agosto. Lejos de haberse resuelto dicho problema, los hechos volvieron a repetirse con las nóminas de  agosto por segunda vez consecutiva. Durante el Pleno, el portavoz del Gobierno reconoció la gravedad de esta situación y anunció que a mediados de mes mantendría una reunión con la empresa adjudicataria para exigir soluciones inmediatas, advirtiendo de que un tercer incumplimiento conllevaría una sanción.

“No podemos permitir que las trabajadoras del SAD sufran incumplimientos que afectan directamente a su salario, a sus derechos laborales y a la calidad de la atención que reciben nuestras personas mayores y dependientes. El Ayuntamiento tiene la responsabilidad de velar porque el contrato se cumpla íntegramente y de no dejar en desamparo a quienes sostienen este servicio tan sensible”, declaró Francisco Belaustegui, concejal de Unión Portuense.

Además, Unión Portuense recordó que hasta un 23% de la plantilla había sufrido reducciones salariales que alcanzaban pérdidas medias de 70 € mensuales, ausencia de complementos y/o conceptos erróneos en nómina. A esto se suma la falta de cursos de formación, materiales de trabajo y ayudas mecánicas recogidos en el pliego de condiciones. Sobre este punto, el portavoz del Gobierno también se comprometió a reclamar a la empresa la puesta en marcha de dichas cuestiones con las que la empresa obtuvo puntuación en la adjudicación, así como recordar la posibilidad de que las familias puedan acceder a otros servicios complementarios ofertados —peluquería, pedicura y pequeñas reparaciones en el hogar— y que tampoco se habían llegado a poner en marcha.

El objetivo de la iniciativa fue asegurar que se restituyan los derechos vulnerados de las trabajadoras y que la ciudadanía de El Puerto reciba un servicio público de calidad, digno y profesional. “Cada incumplimiento no solo perjudica a las trabajadoras, también a las familias que dependen de un servicio que debería ser ejemplar”, subrayó Belaustegui.