Unión Portuense con trabajadoras de Ayuda a Domicilio

Unión Portuense denuncia incumplimientos del servicio de ayuda a domicilio pese al nuevo contrato

Paco Belaustegui: Algunas trabajadoras están cobrando menos y no se están cumpliendo otras condiciones”

Unión Portuense ha mantenido un encuentro con trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio para escuchar de primera mano sus problemas. Aunque el nuevo contrato fue adjudicado a una nueva empresa el año pasado que prometía mejoras, las empleadas denuncian que en la práctica se están produciendo incumplimientos graves que perjudican tanto sus condiciones laborales como la calidad del servicio.

Entre las principales quejas se encuentra la reducción del salario, de unos 70 € mensuales menos de media, que afecta a una treintena de trabajadoras y, en casos extremos, pérdidas que llegaron a los 4.000 €. A ello se suma que determinados pluses han dejado de reconocerse o han cambiado de denominación, lo que altera su cálculo y aplicación.

Otra de las promesas incumplidas es la realización de cursos de formación, imprescindibles para mantener la calidad asistencial. También se denuncia que la antigüedad no se tiene en cuenta a la hora de asignar turnos, que no siempre se respeta el descanso mínimo de 48 horas, que en ocasiones no se presenta a la familia ni se informa sobre la situación de la persona a atender al inicio de un servicio, y que se ponen trabas al disfrute de las vacaciones.

“Algunas trabajadoras están cobrando menos y no se están cumpliendo otras condiciones”, ha señalado Paco Belaustegui, concejal de Unión Portuense, quien recuerda que el pliego de condiciones recoge mecanismos claros para que la empresa adjudicataria cumpla con el contrato. “El Gobierno de Germán Beardo tiene la obligación de asegurar que quienes prestan cuidados esenciales puedan trabajar en condiciones dignas y con derechos reconocidos. De no actuar, dejaría desamparadas a estas profesionales”, añade.

Unión Portuense presentará en el próximo pleno una moción para que se adopten las medidas necesarias para que el gobierno solucione con la empresa todos los incumplimientos descritos para asegurar un servicio digno tanto a las trabajadoras como a las personas mayores y a sus familias beneficiarias del mismo.

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